La Fiscalía ha iniciado una investigación sobre posibles irregularidades en la intervención de la EPS Sanitas, uniéndose así a las pesquisas ya en curso lideradas por la Procuraduría. Ambas entidades buscan esclarecer los errores en el proceso que condujo a la intervención de esta entidad de salud.
Esta investigación surge a raíz de una denuncia presentada por los representantes legales de la EPS, la cual se suma a un proceso que ya estaba siendo examinado por la Fiscalía Anticorrupción en Bogotá. La Fiscalía ha tomado esta acción de oficio después de recibir advertencias de expertos y funcionarios de la Procuraduría, quienes señalan presuntas irregularidades en la actuación del superintendente de Salud, Luis Carlos Leal.
El proceso de investigación de la Fiscalía se centra en determinar la veracidad de las denuncias y en analizar si la intervención de la Supersalud se ajustó a las normativas legales, o si constituyó un abuso de función pública. Se están llevando a cabo diferentes diligencias, incluyendo declaraciones de funcionarios y análisis de la normativa aplicable en estos casos.
“Iniciaremos en el transcurso de esta semana otra serie de acciones que tienen por finalidad fundamental recuperar la administración de la EPS para que no se vaya a presentar algún tipo de situación con nuestros usuarios y a la mayor brevedad volver a estar al frente de la administración de ella”, dijo el abogado de la EPS.
En el marco de las investigaciones que adelanta la Procuraduría, por cuenta de la intervención de la Superintendencia a la EPS, el Ministerio Público adelantó diferentes diligencias como una inspección a la Supersalud y no encontró los elementos de prueba que sustentaban la intervención, de ahí que se convirtió en un ingrediente que dejó en duda la rigurosidad del proceso a cargo de la superintendencia.
“La investigación se va a orientar a verificar si los motivos que originaron la intervención forzosa son los motivos básicos o necesarios, con soporte argumentativo y con la proporcionalidad debida para llegar a esa decisión de manera inmediata. Eso, por un lado. Por otro lado, la Procuraduría tiene la parte preventiva, la misionalidad preventiva. Bajo ese trabajo preventivo, tenemos la obligación constitucional, como vigilantes de las entidades públicas”, explicó la procuradora Cabello.
Por su parte, los representantes legales de la EPS han expresado su preocupación por los señalamientos públicos realizados por el superintendente de Salud, que sugieren una posible parcialidad en sus decisiones. Han recusado al funcionario y están solicitando su separación del caso para garantizar imparcialidad en el proceso.
“En sus redes sociales ha hecho comentarios y ha tomado posiciones que demuestran con claridad la animadversión no solo frente a la EPS, sino que tiene frente a la concepción del sistema de salud del país, eso lo hace un funcionario que no pueda estar con objetividad cuando tiene que tomar una decisión como estas y esa es la razón por la que también lo hemos recursado, para que se separe del conocimiento de este asunto”, señaló la EPS.
La Fiscalía deberá examinar detenidamente los elementos de prueba recopilados, así como los informes de la Procuraduría, para determinar si existen irregularidades en la intervención de la EPS Sanitas y tomar las acciones correspondientes.
