17 de abril. 2024.
Durante el segundo debate de la reforma pensional este miércoles, la plenaria del Senado aprobó un total de 52 artículos de los 94 que conforman el proyecto presentado por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Entre los artículos más recientemente aprobados se encuentran el número 11, referente a la naturaleza de los recursos; el 18, que aborda el pilar semicontributivo; el 63, relacionado con la inversión de los recursos; el 64 y el 65, que tratan sobre la rentabilidad y su caso de liquidación; el 70, que establece sanciones a las administradoras; y el 72, que detalla las funciones adicionales de Colpensiones.
Estos puntos son cruciales, ya que algunas propuestas sugieren que el Banco de la República gestione los recursos de las pensiones. Además, la plenaria aprobó una propuesta para reducir las semanas de cotización necesarias para la pensión de las mujeres a 850 semanas.
Se trata de una proposición sustitutiva del artículo 36, sobre el que la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, advirtió: “Entiendo la proposición para mejorar las condiciones de las mujeres. Esto nos rebaja a 850 semanas, pero deja un hueco fiscal y por eso el Gobierno no la acompaña”.
Esta propuesta, presentada por el senador Honorio Henríquez del Centro Democrático, busca ampliar la cobertura pensional para las mujeres, en línea con la Sentencia C-197 de 2023 de la Corte Constitucional que establece 1,000 semanas de cotización y 57 años de edad para la pensión femenina.
“Esta reforma aumentaba las semanas a 1.150; nosotros propusimos que sean 850 las semanas para pensionarse, que se les reduzca 50 semanas por cada hijo, máximo tres”, dijo el opositor.
También pasaron los artículos 38, de la pensión familiar, el 39 de los requisitos para el reconocimiento de la pensión familiar y el 94 de derogatorias.
Igualmente fueron aprobados el artículo 22, sobre el ingreso base de cotización. Y el 67, acerca de los contratos para el recaudo y transferencia de recursos.
Y del mismo modo fueron avalados el 6, de los deberes de las administradoras; el 71, sobre la administradora colombiana de Colpensiones; el 78, del sistema de información para protección social; y el 43, del monto de la pensión contributiva de invalidez.
La jornada de este miércoles se reanudó al mediodía, aprobando de entrada los artículos 5, 8 y 9 del proyecto, que se refieren a los deberes del Estado con los afiliados al Sistema de Protección Social Integral para la Vejez o sistema pensional.
En medio de la discusión se acordó que la administración de los recursos que están en el Estado no va a ser a través de Colpensiones, sino que se creará una fiducia a través del Banco de la República, la cual será vigilada por la Superintendencia Financiera.
Y también se pactó blindar el ahorro individual de los colombianos para que el Gobierno no pueda utilizar el ahorro individual de los ciudadanos de las pensiones para gasto social o incluso para inyectarlo al Presupuesto.
El pasado martes el pleno de la cámara alta avaló inicialmente 24 artículos que no tenían proposiciones, es decir sobre los que había más o menos consenso, y entre los que se encuentra el que establece el mínimo derecho y garantías de los trabajadores dependientes que cotizan por días o semanas, los requisitos para obtener la pensión de invalidez, la revisión de la pensión contributiva de invalidez, los requisitos para obtener la pensión contributiva de sobrevivientes o sustitución pensional y los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes por muerte del afiliado.
Así mismo, el recinto les dijo sí al artículo 26, sobre los recursos del Fondo de Solidaridad Pensional; al 54, sobre el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia; al 37, que habla sobre la Prestación Anticipada de Vejez y al 1, que determina que “el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común, tiene por objeto garantizar el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte”.
Además, ante el bajo nivel de los embalses en el país, debido a la sequía agravada por el Fenómeno de Niño, el presidente del Senado de la República, Iván Name, de la Alianza Verde, anunció este miércoles que el Legislativo comenzará a implementar racionamientos voluntarios de agua y energía.
El senador Name explicó que la corporación suspenderá el consumo de los dos servicios públicos domiciliarios durante tres horas al día.
“Teniendo en cuenta la situación de los embalses que surten los servicios de acueducto de Bogotá y la posible afectación del fluido eléctrico en la capital y en general en el país, impartimos la instrucción a la señora directora administrativa del Senado de la República para que suspenda el fluido eléctrico y cierre el registro del agua en los recintos administrados por el Senado del Capitolio Nacional por término de tres horas diarias”, dijo.
Agregó que “esta es una situación que nos toca a todos y todas, tenemos el deber de tomar las medidas necesarias para ayudar a resolverla. La Dirección Administrativa comunicará a las oficinas de los senadores y senadoras sobre esta medida, al igual que a todas las demás dependencias”.
El pasado jueves 11 de abril comenzó en Bogotá el racionamiento de agua ordenado por la Alcaldía. En nueve sectores fue dividida la ciudad y municipios cercanos, que se alternarán en jornadas de 24 horas sin suministro de agua, una medida establecida por las autoridades locales de forma indefinida con el objetivo de reducir el consumo en dos metros cúbicos por segundo.
