El mandatario comparó el caso colombiano con la anulación electoral en Rumania, invocó tratados internacionales y llamó a un acuerdo político, pero confirmó la transición de poder.
El presidente Gustavo Petro publicó este martes un extenso y cargado mensaje en el que cuestionó abiertamente la legitimidad de los resultados electorales en Colombia, al tiempo que anunció el inicio del empalme con el gobierno entrante.
El texto, difundido en sus redes sociales, combina argumentos jurídicos de derecho internacional, referencias históricas y un llamado a la negociación política, en lo que constituye uno de los pronunciamientos más complejos y controvertidos de su mandato en sus horas finales.
El argumento jurídico: Rumania como espejo
El eje central del razonamiento de Petro parte de un precedente europeo reciente. En Rumania, la Corte Europea anuló unas elecciones presidenciales al comprobar injerencia extranjera en el proceso. Para Petro, ese mismo principio debería aplicarse a Colombia, con una diferencia sustancial: mientras en el caso rumano la intervención debió ser investigada y probada, en el colombiano existiría una confesión pública y explícita del propio presidente Donald Trump, quien habría reconocido abiertamente su apoyo al candidato electo Abelardo de la Espriella.
“¿Con qué derecho Europa occidental anula unas elecciones por intervención extranjera y Colombia no?”, preguntó Petro, dirigiéndose implícitamente a organismos como la ONU y la OEA, a quienes instó a pronunciarse sobre la equiparación entre ambos casos. Para el mandatario, el silencio de estas instituciones revelaría una doble moral del poder global: la justicia internacional se aplicaría no en favor de los derechos ciudadanos, sino según los intereses geopolíticos de las potencias occidentales.
En Rumania, argumentó, se anuló el resultado porque el ganador era afín a Rusia; en Colombia, la misma lógica no operaría porque el candidato favorecido es aliado de Washington.
La cuestión de la soberanía y los sistemas electorales
Petro fue más allá del argumento político y entró en un terreno técnico que considera la “prueba reina” de su tesis. Señaló que los sistemas informáticos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la entidad encargada de organizar y certificar las elecciones en Colombia, operan con software de origen estadounidense e israelí.
Según el mandatario, la legislación de seguridad nacional de Estados Unidos faculta al gobierno de ese país para intervenir, monitorear y eventualmente alterar el flujo de información de empresas tecnológicas bajo su jurisdicción, no solo en territorio estadounidense sino en toda América Latina.
En ese marco, Petro hizo referencia a los llamados “hermanos Bautista” y a lo que denominó una “pararegistraduría”, señalando que sus sistemas también estarían bajo ese paraguas de control.
La paradoja que plantea el presidente es inquietante en su lógica interna: el software encargado de defender los sistemas electorales colombianos de ataques externos sería, al mismo tiempo, controlable por el mismo gobierno extranjero que, según Petro, habría intervenido en las elecciones. Es decir, el escudo y la amenaza tendrían el mismo origen.
De la Espriella y la ciudadanía estadounidense
Otro de los elementos que Petro incorporó al debate es la nacionalidad del presidente electo. Abelardo de la Espriella, abogado penalista de amplia trayectoria, posee ciudadanía estadounidense, condición que según Petro implicó en su momento un juramento de lealtad a Estados Unidos “por encima de las demás naciones de la tierra, incluida Colombia”.
Para el presidente saliente, este hecho, combinado con el respaldo público de Trump, configura una situación sin precedentes en la historia republicana del país: un ciudadano de otra nación, apoyado abiertamente por el gobierno de esa nación, ocupando la primera magistratura de Colombia.
La Constitución colombiana prohíbe expresamente la injerencia de gobiernos y recursos extranjeros en los procesos electorales nacionales. Petro invocó esa disposición para sostener que los comicios deberían ser declarados nulos, aunque reconoció implícitamente que ningún juez colombiano ha dado ese paso ni parece dispuesto a darlo.
Un llamado al acuerdo, no a la confrontación
Pese a la dureza del diagnóstico, el tono final del mensaje de Petro no es el de quien convoca a la resistencia activa ni a la desobediencia civil. Por el contrario, el mandatario describió la situación como un “empate”, una correlación de fuerzas que ninguno de los dos bandos ganó de forma contundente, y llamó a construir un acuerdo, usando reiteradamente la palabra inglesa “deal”, en una alusión directa al lenguaje político característico de Trump.
Las condiciones que Petro esbozó para ese acuerdo son esencialmente dos: que el gobierno entrante respete las reformas sociales conquistadas durante su administración, en salud, pensiones, trabajo y tierras, y que Colombia sea tratada como una nación soberana, digna y no sometida.
“Yo juré por la paz y no llevo a mi pueblo a la violencia”, escribió, en lo que suena a un compromiso pero también a una advertencia sobre los riesgos de ignorar las tensiones acumuladas.
La sombra de Bolívar y el peso de la historia
Como es habitual en sus comunicaciones, Petro recurrió a la figura de Simón Bolívar para encuadrar el momento histórico. Evocó la muerte solitaria del Libertador, traicionado, exiliado de los países que liberó, burlado por las élites criollas, como metáfora de una Colombia que, dos siglos después, seguiría dividida entre quienes apuestan por la soberanía popular y quienes se arrodillan ante poderes externos.
La referencia no es menor en un momento en que Petro entrega el mando: es la imagen de un líder que, pese a haber “arado en el mar”, considera que el proyecto histórico que representa no muere con su gobierno.
El presidente confirmó finalmente el inicio del empalme institucional con el equipo del presidente electo y anunció su “retirada”, aunque dejó abierta la puerta a lo que llamó una posible “resistencia pacífica”, sin precisar su alcance ni sus formas.
