En un golpe sin precedentes contra la corrupción administrativa en el Caribe colombiano, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación capturaron a 17 personas involucradas en una organización criminal dedicada al volteo de tierras en el área metropolitana de Barranquilla. La mayoría de los detenidos son funcionarios públicos activos o con nexos directos con la clase política regional. Este operativo fue divulgado por el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X, quien también expresó su indignación por la conexidad entre este tipo de delitos y funcionarios públicos.
Entre los capturados figuran tres registradores de instrumentos públicos, dos inspectores de policía, dos notarios, un calificador de instrumentos públicos y un funcionario de la Alcaldía de Soledad (Atlántico), así como actores criminales que habrían participado en maniobras ilegales para apropiarse de terrenos y comercializarlos fraudulentamente, afectando a decenas de familias vulnerables.
Según las autoridades, esta red se valía de su poder institucional para constreñir a comunidades, apropiarse de tierras de manera irregular y luego revenderlas mediante procesos de urbanización ilegal, estafando a compradores incautos y violando derechos fundamentales como el acceso a la vivienda, la educación y el espacio público.
Las órdenes de captura fueron emitidas por múltiples delitos: peculado por apropiación, prevaricato por acción y omisión, cohecho, asociación para la comisión de delitos contra la administración pública, urbanización ilegal y estafa agravada.
“Buena parte de la criminalidad tiene soporte en el mismo Estado”, afirmó el presidente Gustavo Petro tras conocerse la operación, subrayando que este tipo de redes criminales institucionales representan una amenaza estructural para la democracia y la justicia social.
