Según Detalló la SAE, el predio habría sido comprado con el propósito de construir una pista de aterrizaje que facilitaría el envío de aeronaves cargadas de droga hacia Estados Unidos, uno de los principales mercados del narcotráfico en la época
Un extenso predio de 1.262 hectáreas, conocido como la Hacienda Taotau, ubicado en el municipio de Ambalema, en el departamento de Tolima, ha sido recuperado y destinado a una organización campesina tras años de ocupaciones irregulares.
Según informó la Sociedad de Activos Especiales (SAE), esta propiedad, que en el pasado perteneció al narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, había sido incautada por el Gobierno en 2014, pero desde entonces enfrentó múltiples litigios y ocupaciones ilegales que impedían su uso productivo.
De acuerdo con la SAE, la recuperación del predio fue posible tras un proceso de desalojo que permitió entregarlo a Agrotesoro, una organización campesina comprometida con la justicia agraria y la sostenibilidad en el uso de la tierra. La entidad destacó que este paso hace parte de sus esfuerzos por garantizar que los bienes incautados a estructuras criminales sean utilizados para promover el desarrollo rural y la productividad.
La Hacienda Taotau fue adquirida por Rodríguez Gacha durante su apogeo como uno de los líderes del Cartel de Medellín.
Según detalló la SAE, el predio habría sido comprado con el propósito de construir una pista de aterrizaje que facilitaría el envío de aeronaves cargadas de droga hacia Estados Unidos, uno de los principales mercados del narcotráfico en la época. Sin embargo, tras la muerte de “El Mexicano” en 1989, el Gobierno colombiano logró incautar la propiedad y transferirla al entonces Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora).
A pesar de su incautación, la hacienda no pudo ser utilizada de manera efectiva durante años debido a la ocupación irregular por parte de diversas personas. Desde 2021, según reportó la SAE, un ocupante en particular había bloqueado el acceso al predio, lo que dificultaba cualquier intento de recuperación o aprovechamiento de la tierra.
Un nuevo destino para la tierra
Con la entrega de la Hacienda Taotau a Agrotesoro, la SAE busca transformar un espacio que alguna vez estuvo vinculado al narcotráfico en un motor de desarrollo rural. La organización campesina que ahora administra el predio tiene como objetivo implementar proyectos productivos sostenibles que beneficien a las comunidades locales.
La SAE resaltó que esta acción forma parte de su compromiso de garantizar que los bienes recuperados de actividades ilícitas sean destinados a fines que promuevan la equidad y el desarrollo en el campo colombiano. “Seguiremos trabajando para que estos bienes sean destinados a procesos productivos sostenibles”, afirmó la entidad en un comunicado.
El caso de la Hacienda Taotau refleja los desafíos que enfrenta el Gobierno colombiano en la administración de bienes incautados al crimen organizado. Aunque el predio fue recuperado en 2014, su extensión y las características de la tierra, que incluye cultivos y fuentes de agua, atrajeron a campesinos que intentaron tomar posesión de la propiedad.
La SAE explicó que las ocupaciones irregulares y los litigios legales prolongaron el proceso de recuperación, dificultando la implementación de proyectos productivos en la zona. Este tipo de conflictos no es inusual en Colombia, un país donde la distribución de la tierra ha sido históricamente desigual y donde muchas comunidades rurales carecen de acceso a recursos para su sustento.
La entrega de la Hacienda Taotau a Agrotesoro representa un avance significativo en los esfuerzos por redistribuir tierras incautadas a narcotraficantes y otros actores ilegales. Según la SAE, este tipo de iniciativas busca no solo reparar el daño causado por el crimen organizado, sino también contribuir a la construcción de un modelo de desarrollo rural más equitativo y sostenible.
La recuperación de este predio en Ambalema es un ejemplo de cómo las instituciones colombianas trabajan para transformar los bienes ilícitos en oportunidades para las comunidades más vulnerables. Sin embargo, el caso también pone de manifiesto los retos que persisten en la gestión de estos activos, desde las ocupaciones ilegales hasta los procesos legales que pueden extenderse por años.
