El contralor (e) Carlos Mario Zuluaga aceptó el pasado lunes la renuncia de seis altos funcionarios del ente de control fiscal.
Se trata del contralor delegado de Población Focalizada, Hitler Chaverra; la contralora delegada para la Participación Ciudadana, Alexandra Rodríguez; el contralor delegado para el Sector de las TIC, José Alberto Onzaga; la directora de Dirección de Información Análisis y Reacción Inmediata, Diari, Elvia Otero; el director de Sistemas, Fernando Oviedo; y Tania González, de la dirección de Sistema Nacional de Control Fiscal.
Desde la Contraloría se ha afirmado que el remezón obedece a “cambios normales” al interior del organismo de control.
Y es que la Contraloría lo que ha tenido es cambios en las últimas semanas, pues a la salida del excontralor Carlos Rodríguez, por orden del Consejo de Estado, que anuló su elección y a la asunción del cargo por parte del vicecontralor Zuluaga, se suma, según la revista capitalina ‘Semana’, el hecho de que el mismo máximo tribunal de lo contencioso administrativo ahora estudie una nueva demanda que busca sacar del puesto a Zuluaga alegando que sólo el Congreso tiene la potestad para nombrar al funcionario en encargo.
“Si bien a primera vista la Resolución No. ORD-80112-1499 del 15 de junio de 2023, no es un acto de nombramiento como tal, la verdad es que sí lo es, no obstante se halla disfrazado de naturaleza jurídica diferente, como quiera que con la argucia jurídica realizada a través de la Resolución No. ORD-80112-1499 del 15 de junio de 2023, lo que se hizo fue realizar un nombramiento en encargo de las funciones del contralor general de la República, impidiendo con ello que el nominador natural lo hiciera en los términos del Art. 267 de la C. Pol., lo que per sé demuestra una desviación de poder y una grosera falta de competencia”, se lee en la tutela revelada por el medio.
Rodríguez, entre tanto, radicó también una tutela en contra del Consejo de Estado, argumentando vulneración al derecho a elegir y ser elegido, por la nulidad de su elección que será estudiada por la propia alta corte en el despacho del magistrado Jorge Iván Duque González.
