A pocos días de cumplir dos años de vigencia, el Congreso de El Salvador aprobó una nueva extensión de 30 días para el régimen de excepción que suspende derechos constitucionales. Con esta medida, el gobierno continúa implementando una política severa contra las pandillas. Esta prórroga, es la número 24 que se aplica desde el 27 de marzo de 2022, surge como respuesta a un día particularmente violento en el que las pandillas perpetraron 62 asesinatos en todo el país.
El régimen de excepción, que inicialmente se aplicó para contener la violencia desenfrenada, suspende el derecho de asociación y autoriza a las autoridades a intervenir en la correspondencia y teléfonos de personas consideradas sospechosas. Además, se amplió el período de detención administrativa sin intervención judicial de 72 horas a 15 días, durante el cual los detenidos pierden el derecho a ser informados adecuadamente sobre los motivos de su arresto y a acceder a un abogado para su defensa.
La suspensión de garantías constitucionales no contempla restricciones a la libre circulación. La violencia en El Salvador ha disminuido significativamente desde 2015, cuando se registraron más de 6.656 homicidios y era considerado uno de los países más peligrosos del mundo. La nación centroamericana concluyó con 214 asesinatos registrados en 2023, entre ellos 38 homicidios de presuntos pandilleros, que fallecieron en supuestos enfrentamientos con la policía y las fuerzas armadas.
Según cifras oficiales, en enero y febrero de este año, se reportaron un total de 15 homicidios, mientras que marzo comenzó con tres casos. La nueva prórroga, respaldada por 67 de los 84 diputados, entrará en vigor desde el 12 de marzo hasta el 10 de abril. La anterior expirará el 11 de marzo, 15 días antes de cumplir dos años de implementación, período en el que se han detenido alrededor de 78,175 personas, de las cuales cerca de 7,000 fueron liberadas por falta de pruebas.
“Estamos experimentando un logro sin precedentes en la historia de El Salvador. Transformamos la realidad de nuestro país y continuaremos esforzándonos incansablemente por lograr la verdadera justicia”, dijo en la red social X el ministro de Seguridad Pública, Gustavo Villatoro.
En la solicitud del Gabinete de Seguridad, éste argumenta la necesidad de prorrogar el régimen de excepción, “dado que aún permanecen miembros terroristas y sus liderazgos en libertad, quienes mantienen su agresión a la población y cuerpo de seguridad”, y advierte que suspender la aplicación de las medidas propiciaría un retroceso en la seguridad de la población.
El presidente Nayib Bukele aseguró que febrero fue el mes más seguro de la historia de El Salvador, un nuevo dato con el que refrenda “el éxito” de su política de mano dura contra estos grupos criminales, a los que se responsabiliza de la mayoría de los crímenes que se cometen en el país.
No obstante, organizaciones como Cristosal y Amnistía Internacional han registrado denuncias de violaciones a los derechos humanos durante este régimen, incluyendo capturas arbitrarias, torturas, tratos crueles e inhumanos, hacinamiento carcelario y otras agresiones. A pesar de los informes gubernamentales que resaltan la mejora en la seguridad, estas críticas plantean interrogantes sobre el impacto real de la política de mano dura.
